OPINIÓN/MALINALI
No conforme con la imparable violencia que vive el estado de Zacatecas, no conforme con los secuestros, ejecuciones, fosas clandestinas, levantones, descuartizados, decapitaciones y demás, ahora se suscribe un nuevo tipo de violencia en contra de los ciudadanos por parte de las propias autoridades y dependencias encargadas de la seguridad pública en la entidad.
Hoy, son las propias instituciones de seguridad pública y sus voceros quienes con una superioridad dignas de cualquier sistema dictatorial y violatoria a los derechos humanos más básicos, criminalizan, estigmatizan y culpan a cualquier ciudadano -sin mediar investigación alguna-, de ser cómplice del crimen organizado y por ende, culpable de facto de los hechos de sangre que ocurren en el estado.
Un ejemplo claro y aberrante de esta situación ocurrió el día de ayer tras la agresión que sufrió ayer una pareja de jóvenes por presuntos sicarios en el estacionamiento de la tienda Coppel en la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe.
A estas alturas ya conocemos parte de la historia, y la conocemos precisamente por las constantes y reiterativas declaraciones que desde el lugar de los hechos y a través de diversos medios de comunicación dio el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcos Vargas Duarte.
Declaraciones en las cuáles escuchamos, sin el menor pudor del declarante, cómo, sin mediar averiguación alguna de las autoridades competentes, simple y llanamente acusó y criminalizó a las víctimas de esta agresión de pertenecer o estar relacionados al crimen organizado.
Es decir, para el vocero del General Jesús Pinto, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, basta ser víctima de un hecho de sangre para que raudo y veloz afirme claros visos de relación con estos grupos delincuenciales.
De ser así, qué función habrá de hacer la Procuraduría General de Justicia del Estado o la Procuraduría General de la República cuando se tiene ya un vocero que desde los primeros minutos dictamina y acusa, criminaliza y casi resuelve, sin prueba alguna, algún hecho de sangre.
La actitud dictatorial, déspota y violatoria de los derechos humanos de cualquier ciudadano que ha asumido en últimas fechas el vocero del General Jesús Pinto no es cosa menor.
Sean o no culpables de pertenecer o tener alguna relación con el crimen organizado, la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública no es la instancia que determine si se es víctima o criminal, eso compete únicamente a las autoridades correspondientes.
Insistimos, el hecho no es menor, y es primordial que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tome nota de esta gravísima situación y no deje pasar este hecho como lo venía haciendo su antecesor.
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