EL MIEDO DE ULISES

Por Revista Malinali

No considero que nadie le tenga miedo a Ulises Mejía Haro. Por lo menos no el miedo que busca difundir desde su muy particular perspectiva.

Tampoco puede aparentar que sea víctima de ninguna persecución por grupo político alguno para frenar el movimiento que dice, representa.

A decir verdad, Ulises Mejía ha sido el constructor de un liderazgo que generó amplias expectativas sociales y ha sido él mismo, junto con su equipo, y sus decisiones, el propio encargado de sepultar todas y cada una de sus aspiraciones políticas.

Nadie discute el dinamismo que en los últimos años puso al interior de la presidencia municipal de Zacatecas.

Ulises, desde los primeros meses de trabajo, marcó un ritmo que le ganó una expectativa ciudadana que se le reconoce abierta y públicamente.

Fue en el andar, donde Ulises Mejía también evidenció una fuerte tendencia a permitir la intromisión de cercanos en la toma de decisiones, propiamente de su padre
Antonio Mejía Haro, y rodearse de colaboradores que le construyeron la idea de que su paso incompleto por el ayuntamiento, le eran suficientes y le bastaban para buscar la gubernatura de Zacatecas y en sus proyecciones, hasta más.

Fue el propio Ulises, quien en la borrachera del poder, quiso hacer a un lado a todos aquellos o aquellas que en ese momento no compartieran su planes o le representara un obstáculo a sus ideas de poder absoluto. Por algo era el Príncipe de la Joya de la Corona.

Tratar de invisibilizar a su propia Sindica, Ruth Calderón, violentar sus propios derechos políticos y pasar por encima de éstos, pareciera una acción que para el ex alcalde no debiera tener consecuencias. Pero las hubo. Y de ello da cuenta el proceso y las resoluciones por todos conocidos.

Ponerse hoy el traje de víctima, o preguntar a diestra y siniestra cuál es el supuesto miedo que le tienen, es una estrategia válida que cualquier ciudadano le puede creer o no. Está en su derecho.

Lo cierto es que detrás de ello hay una causa, un proceso y una resolución que no puede ser tapado con un dedo, ni menos creer que no existe motivo alguno que justifique su inclusión en un padrón estatal y nacional de entre los sentenciados por ejercer violencia política de género.