Por David Monreal Ávila
· Diálogo sin conflicto
Este 28 de septiembre se conmemoró el día de acción global por un aborto legal y seguro, que impulsan mujeres de todo el mundo para que sus gobiernos agilicen la despenalización y garanticen condiciones seguras para la interrupción legal del embarazo, lo que nos obliga a abrir el diálogo sobre este tema para conocer mejor todas las implicaciones.
Por principio de cuentas, es importante señalar que el aborto es un delito en todo el territorio mexicano, pero en la Ciudad de México y ahora también en Oaxaca, este delito es tipificado sólo después de las 12 semanas de gestación, permitiendo a las mujeres elegir llevarlo a término o no, garantizando su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos, como establece el artículo 4 constitucional.
No obstante, existe una parte de la población que se opone a que esta agenda prospere en otros estados, como sucedió este fin de semana en Zacatecas, cuando grupos religiosos hicieron una cadena humana alrededor de la catedral en la capital del estado.
Ante esta polarización, es imprescindible anteponer el diálogo y el intercambio de ideas que permitan comprender mejor la realidad y ambos puntos de vista, antes de tomar postura y agudizar el conflicto.
La protección del individuo desde su concepción se encuentra establecida en el artículo 22 del Código Civil Federal para los efectos del mismo, que de acuerdo con los artículos 359 y 2357, son el reconocimiento de paternidad y la posibilidad de adquirir patrimonio por donación, este último derecho sujeto a la condición de su nacimiento viable, ya que la capacidad de las personas físicas comienza con el nacimiento y termina con la muerte.
Debe quedar claro que el Estado protege el embarazo y la futura vida humana que se gesta, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión sin derecho a fianza a quien forzara a abortar a una mujer en cualquier momento de la gestación, protegiendo la salud, dignidad y derechos reproductivos de la víctima.
Queda claro entonces que el elemento que los legisladores de estas dos entidades tomaron en cuenta para la tipificación del aborto luego de las 12 semanas, es la voluntad de la mujer de convertirse en madre, pues de otro modo se les estaría obligando a parir.
Tal es el caso de Citlali, una adolescente indígena huichola de 14 años que fue embarazada por su agresor y a quien en Sonora se le negó la interrupción legal del embarazo porque un juez reclasificó el delito de violación a estupro, lo que lo volvía improcedente.
Tristemente México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo en tasa de embarazos de niñas y adolescentes causadas por violencia sexual, relaciones sin protección o por matrimonios forzados, y los abortos clandestinos son la cuarta causa de muerte durante el embarazo.
Con estos datos en cuenta valdría la pena retomar el diálogo y avanzar hacia la protección de nuestra niñez y hacia una vida sexual y reproductiva libre y responsable.
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