Revista Malinali
Poco después de haber sido localizados los cuerpos ejecutados de tres hombres y una mujer en el municipio de Francisco R. Murguía el pasado martes 18 de febrero, todas las instancias de seguridad federal, estatal y municipal prendieron los focos rojos y de máxima alerta.
Y es que horas después del macabro hallazgo, a través de las redes sociales, comenzaron a circular una serie de videos donde con visibles huellas de tortura y capturados por hombres armados, las presuntas víctimas daban a conocer, entre otras cosas, el motivo de la presencia de esta célula delincuencial en la entidad: venían a tomar la plaza, matar a elementos de la Policía Estatal y también asesinar a los alcaldes de Río Grande, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, para agarrar “más poder y control”.
En los videos del interrogatorio, palabras más, palabras menos, los presuntos sicarios señalan que tenían la orden de eliminar a los ediles Julio César Ramírez López, Ulises Mejía Haro, Julio César Chávez Padilla y Saúl Monreal Ávila.
Les pagarían 200 mil pesos por la vida de cada uno de ellos, más 20 mil por cada policía estatal.
Este hecho contradice, una vez más, el multicitado discurso institucional que en voz del secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, es utilizado hasta el cansancio para intentar ocultar o minimizar la brutal violencia que vive Zacatecas y el cual, a manera de calmar las aguas, afirma y reafirma que los cientos de ejecutados, los muertos, los decapitados, son producto solo de la guerra entre los diversos cárteles que pelean el territorio estatal.
Y mientras exhiben día a día los nimios avances en la lucha contra la delincuencia, este hecho cimbró todas las instancias de gobierno al revelar, de manera brutal, el incremento de violencia que han escalado los grupos delincuenciales a niveles de auténticos actos de narcoterrorismo, como lo es eliminar figuras públicas para alcanzar, a través del miedo, el poder y el control de la plaza.
La estrategia, como fue evidenciada, era en su definición “la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.
Poco después de estos hechos, el alcalde fresnillense, Saúl Monreal Ávila, señalaba y ponía énfasis que en el actual clima de violencia que vive la entidad y el país en general, son los alcaldes y los municipios los mayores expuestos al tener éstos el contacto directo con la ciudadanía. Y también son, por ende, los más desprotegidos.
Es por ello, que el edil no dudó y exigió también de parte de la Federación y del gobierno estatal más apoyo para soportar estas embestidas del crimen organizado.
Ayer mismo, por la tarde, en una reunión con carácter de urgente, el gobernador Alejandro Tello, junto con su gabinete de seguridad, se reunió con los alcalde de Río Grande, Fresnillo, Calera, Zacatecas y Guadalupe para expresarles su apoyo y cerrar filas en el combate a la delincuencia.
Ante la gravedad de estas amenazas, Alejandro Tello les aseguró que más allá de los colores partidistas, siempre estarán por encima la integridad física y la seguridad de los zacatecanos.
El llamado, una vez más, fue fortalecer la unidad y la comunicación, así como refrendar el respaldo del gobierno de Zacatecas “para hacer frente a quienes buscan dañar el orden público en sus municipios”. Los alcaldes, por su parte, coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación para evitar la desestabilización del estado.
“No está el horno para bollos”, y los resultados de las estrategias, federal y local, no se ven ni se sienten por ningún lado.
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