ANDRÉS VERA DÍAZ/OPINIÓN
Ya se investiga el uso de recursos públicos para financiar el informe “legislativo” de Francisco Escobedo la semana pasada en Jerez, de igual forma, la comida que realizara Miguel Alonso Reyes con un grupo de políticos en su “humilde morada” en Villanueva.
Sería Ana Rosa Olmos Directora de Relaciones Públicas de Gobierno del Estado, pareja de Escobedo, quien contrató a proveedores de la administración actual para el festín, por lo que se rastrean documentos que den certeza de los hechos.
La funcionaria, que fue Directora de la Casa de Gobierno en el sexenio de Alonso y que estuvo involucrada como beneficiaria de préstamos que realizara el ISSSTEZAC hasta los 145 mil pesos justo 6 días antes del proceso electoral pasado, habría desviado recursos para que el diputado federal realizara su acto. De igual forma, una comida suntuosa en la que ni el propio exgobernador erogara un solo peso para deleitar a sus invitados.
Escobedo dijo en su informe: “La rendición de cuentas es una obligación como funcionario público, por ello como diputado federal estoy convencido de que la transparencia en el quehacer legislativo debe de informarse a la población en general”. En un claro tono populista pues en realidad ningún gasto dio a conocer, desde a donde van a parar los beneficios que como diputado federal obtiene.
Los datos de la Cámara de Diputados indica que cada representante popular percibe 74 mil pesos de “dieta mensual”, es decir de sueldo; 45 mil 786 pesos por “asistencia legislativa” y 28 mil 772 pesos para “atención ciudadana”.
En total, cada Diputado federal mensualmente 148 mil 558 pesos libres de impuestos. Es decir, cuatro mil 952 pesos diarios, cifra muy lejana a los 80 pesos que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó como salario mínimo vigente.
Ahora, además de que su pareja, Ana Olmos podría infringir el delito de desvío de recursos por patrocinar con dinero público dos eventos de esencia personalista, no sólo tendría que comprobar la intención del gasto, sino inclusive enfrentar una denuncia penal y la inhabilitación como funcionaria según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La relevancia consiste además, que Miguel Alonso no sólo ha regresado a Zacatecas para catapultarse a Senador, firme decisión entre su círculo cercano, aunado a la “venganza política” para pretender desestabilizar al actual gobierno como respuesta a las evidencias contundentes que se han exhibido por el desastre financiero y de seguridad que dejó, sino además, su presencia continúa corrompiendo funcionarios por medio de la erogación de recursos estatales, provenientes del pago de impuestos de los ciudadanos, para agasajarse como en antaño. Miguel Alonso no ha entendido –por egocentrismo y egotismo- que ya no es el gobernador de Zacatecas.
Escobedo, que como secretario de gobierno usó la mano de hierro como política de estado, y ahora, como supuesto legislador federal, planea a todas luces regresar al escenario estatal para reestructurar en cargos públicos, al “alonsismo”, una de las expresiones más dañinas que registrase la vida política local en décadas. Sin trabajo legislativo de forma y fondo, pretende seguir viviendo del erario, con eventos parafernalios, pagados del bolsillo de usted lector.
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