Zacatecas, Zac.- Mujeres zacatecanas exigieron al gobernador Alejandro Tello implemetar medidas realmente emergentes y eficaces para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y niñas y diseñe de ya una política integral contra la violencia que pueda ser implementada a más tardar en marzo del 2018.
Es necesario, subarayó la Unidad de Colectivos para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, dejar de ver un proceso burocrático y político como la alerta de violencia de género como la panacea a la violencia contra las mujeres.
En rueda de prensa, el colectivo puntualizó que Cinthia Nayeli fue asesinada en un clima de naturalización de las violencias en Zacatecas. Estuvo desaparecida por más de 24 horas, su cuerpo desnudo y ultrajado fue encontrado en un arroyo de aguas negras. La zozobra de su familia no fue acompañada por un trato humano, mismo que se exige de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas. La alerta Alba no se activó, y fue hasta que el feminicidio secometióque las autoridades reaccionaron.
Cinthia iba camino a la escuela preparatoria a las 6:30 de la mañana, no cabe el discurso que relacione a la delincuencia organizada con la víctima, mismo que criminaliza a miles de mujeres y hombres asesinados en Zacatecas y México. Este feminicidio deja claro que el proceso de alerta de violencia de género en el Estadohaservido de poco para prevenir la violencia feminicida. Las autoridades parecen más preocupadas por palomear en el papel las recomendaciones emitidas por el Grupo de Expertos convocado por la Secretaría de Gobernación, aunque en la práctica éstas no representen un avance para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el estado.
Las activistas presentes, entre ellas Mara Muñóz, Lydia Vázquez, emilia Pesci y Sahara Calderón, subrayaron que si el gobierno de Zacatecas no cumple con estas recomendaciones, la federación activará la Alerta de Violencia de Género en nuestro territorio. No obstante, habría que cuestionar hasta qué punto dicha alerta ha sido eficaz en otros estados, y hasta dónde ha sido tan sólo un distractor del problema que subyace en la violencia de género. Hay que resaltar que no hay estudios serios desde las ciencias críticas que revelen las causas de la violencia hacia las mujeres en el contexto zacatecano. Sino se conocen las causas es imposible que el gobierno pueda diseñar, implementar y evaluar una política integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia.
Vemos con preocupación que la marcha contra la violencia de género,efectuada en el cuerpo de Cinthia y que afecta a miles de mujeres, fue desvirtuada por un afán de control de riesgos por parte de las autoridades de rectoría y las autoridades estatales.
El gobernador, Alejandro TelloCristerna, recibió a un reducido grupo de directivos de la universidad del cual estuvieron excluidos las y los estudiantes. Los compromisos derivados de esta reunión no corresponden a la gravedad del problema. Identificamos el compromiso decolaboración entre la UAZ y el gobierno del Estado en un proyecto de prevención de la violencia contra las mujeres, acción que resulta insuficiente, ya que, a estas alturas del problema un programa de prevención no dice nada a la sociedad, se necesita una política de Estado que de manera integral busque erradicar esta problemática. Incluso la postura de la Universidad, la institución académica más importante en Zacatecas queda a deber, moral y socialmente, a cada una de las familias zacatecanas.
La universidad debe fungir como un aparato crítico y cumplir con su compromiso social en el estado, por tanto, la postura después de la reunión con el gobernador del estado deja ver una laxa posición de las autoridades universitarias, que no se equipara con la indignación de la comunidad estudiantil.
No hay manera más eficaz de despolitizar las demandas ciudadanas que permitiendo a la gente salir a las calles a manifestar su inconformidad, para que luego, no haya consecuencias y compromisos serios en el actuar gubernamental. La muerte de Cinthia Nayeli de apenas 16 años, así como la muerte de la decena de mujeres a quienes se les privó de la vida en manosfeminicidas este año, no puede quedar impune, no sólo desde un punto de vista de castigo a los responsables, sino de impunidad social, esa que se perpetra cuando normalizamos la violencia, cuando criminalizamos a las víctimas, cuando como autoridades somos indiferentes al dolor, cuando no hay una autocrítica en el ejercicio gubernamental y no actuamos con la debida diligencia desde la prevención.
Por lo anterior, las organizaciones que conformamos la Unidad de Colectivos por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas exigimos a Alejandro Tello Gobernador del Estado:
• Cite de inmediato a una consulta ciudadana como base para diseñar una política integral de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.
• Haga un diagnóstico sobre las causas de la violencia contra las mujeres, desde ciencias críticas como la sociología y antropología que fundamenten una política integral.
• Considere en su presupuesto de egresos 2018 un 5% como mínimo para financiar una política integral que combata este flagelo social.
• Diseñe una política integral contra la violencia que pueda ser implementada a más tardar en marzo del 2018.
• Deje de ver un proceso burocrático y político como la alerta de violencia de género, como la panacea a la violencia contra las mujeres e implemente medidas realmente emergentes y eficaces para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y niñas.
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